El 12 de noviembre, 6.000 personas marcharon pacíficamente por las calles de Girardot. Protestaban una vez más, como desde hace 12 años, por las altas tarifas de la energía eléctrica en 76 municipios de Cundinamarca y en Flandes (Tolima).

Para resumirlo sencillamente: un kilovatio de energía en Bogotá, en el estrato 6, cuesta 396 pesos, mientras el kilovatio en el sector comercial de cualquiera de los 77 municipios afectados cuesta 76 pesos más. Es decir: una humilde venta de helados de Ricaurte paga cerca de 20 por ciento más por kilovatio de lo que paga un restaurante de la zona G de Bogotá. Y no quiere decir esto que los segundos paguen poco, pero sí que los primeros pagan mucho.

A una panadería de Cáqueza, a una frutería de Fusagasugá o a un restaurante de pescado de Flandes no les quedará más remedio que apagar e irse a engrosar las filas del desempleo y de la creciente bomba social que crece en Cundinamarca, por cuenta de la arbitraria inequidad en las tarifas de servicios públicos.

El tema no es nuevo. Hace más de 15 años, ahogados por las costosas tarifas de energía, pobladores del alto Magdalena se atravesaron en la vía Panamericana para exigir alguna solución.
Lejos de conseguirla, el tema desencadenó uno de los más
grandes retrocesos en la historia de poblaciones como Girardot, que vio cerrar plantas de empresas como Bavaria, Postobón, Progral, Coca-Cola. Según informa la Cámara de Comercio, entre el 2007 y el 2010, se han cerrado 4.833 empresas medianas y pequeñas y 11.932 empleos se han perdido en Girardot y los municipios de su jurisdicción.

De nada valieron los debates en el Congreso, las reuniones en el Ministerio de Minas, los foros en la provincia con asistencia de ministros y viceministros, tres proyectos de ley que buscaban la unificación de tarifas por áreas geográficas, la extensión de subsidios para aplicarlos a los estratos 1, 2 y 3, pues el puntillazo final lo lideró el entonces viceministro de Minas, Manuel Maiguashca, quien, con la promesa de que la unificación de mercados entre Bogotá y Cundinamarca traería la disminución de tarifas para los usuarios de este departamento, logró que la venta de la Empresa de Energía se hiciera directamente, sin licitación (…), a Decsa, en una figura que, para poder ser legal, requería la participación del sector público y, por arte de birlibirloque, se entregaron acciones a la Gobernación y a la Empresa de Energía de Bogotá, y la operación, a Codensa, lo que dejó amarrada, desde la regulación de la Creg, la posibilidad de fusionar las empresas por tres años y burló el compromiso de la rebaja de tarifas.

De esto han pasado un año y ocho meses, en los que los 230.000 usuarios no han visto el beneficio siquiera para los estratos bajos, pues, hasta los habitantes del barrio Las Acacias, que puede ser uno de los sectores más pobres del mundo entero, para vergüenza nacional, pagan 50 pesos más por kilovatio que el más caro de los sectores subsidiados de Bogotá.

Como solución para tamaña injusticia, desde julio del 2009, luego de otra de tantas protestas cívicas, el entonces Ministro de Minas ordenó a la Creg la revisión de la fusión empresarial. Como si se tratara de novela macondiana, a raíz de la última marcha, el actual Ministro de Energía recoge la misma inquietud y sentencia a la Creg, bajo la misma decisión, a dar solución en 60 días.

Amanecerá y veremos, pero mientras esperamos el amanecer, la noche será más oscura, pues, con esas tarifas, ni para prender el bombillo de la esperanza.

COLETILLA. Mientras medio Cundinamarca apaga y se va, Chía, Cajicá, Cota, Funza, Madrid, Mosquera, Gachancipá y otros ocho municipios cercanos a Bogotá pagan las tarifas de acueducto más caras del país.

 Siempre he buscado que su estudio ocupe un lugar especial en la agenda política del Congreso de la República desde mi elección como Representante a la Cámara para el período 1998 – 2002; después de un primer llamado al Alcalde de Bogotá y al Gobierno Nacional el 20 de abril de 1999 para que atendiera las protestas de algunos habitantes de Cundinamarca respecto del alza en las tarifas por parte de la Empresa de Energía de Cundinamarca, solicité a la Comisión V de la Cámara de Representantes sesionar en la ciudad de Girardot para que el Ministro de Minas y Energía aclarara a la comunidad las dudas sobre el futuro de la prestación del servicio de energía eléctrica en la región. Durante esta deliberación adelantada el 30 de septiembre de 1999 también participó el Contralor General de la Nación, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y los Gerentes de las electrificadores de Cundinamarca y Tolima.

 Los compromisos y conclusiones fueron el eje de una citación a debate de control político ante el pleno de la Corporación el 14 de junio del año 2000 donde también discutimos la privatización de las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica y su impacto en las tarifas y el servicio; desde allí se inició una campaña para el fortalecimiento de las ligas de consumidores y la reforma a la estructura tarifaria bajo los principios de neutralidad y eficiencia contempladas en las leyes 142 y 143 de 1994.

 Producto de este debate surgieron 2 eventos importantes en el año siguiente: el primero fue una denuncia realizada en la plenaria el 21 de marzo de 2001 donde se integraron las problemáticas de los usuarios del acueducto y alcantarillado y los de energía eléctrica frente a su participación en los comités de desarrollo y control de los servicios públicos domiciliarios; el segundo fue consecuencia de estas declaraciones, cuando el Presidente de la República de entonces, convocó en abril de ese año una reunión coordinada por el Ministerio de Desarrollo Económico con la participación del Ministerio de Minas y Energía y organizaciones representantes de los usuarios, en esta cumbre se revisó la legislación existente y la evolución de las tarifas del servicio.

 El siguiente paso fue una reforma legislativa que garantizara la apropiada competencia de las empresas prestadoras de energía eléctrica, en aras de certificar la eficiencia económica de su labor de comercialización, que se reflejara en una reducción en lo facturado a los usuarios cercanos los grandes centros poblacionales, mediante un cargo único nacional para el componente de distribución de la tarifa: para ello presentamos al inicio de mi período como Senadora, el proyecto de ley 025 de 2006 Cámara, “Por medio de la cual se establecen medidas para evitar la competencia desleal en la distribución y comercialización de energía eléctrica y se definen mecanismos para beneficiar a los usuarios de estratos 1 y 2” el cual desafortunadamente no encontró el espacio político adecuado para ser aprobado en la Comisión VI de la Cámara de Representantes.

 Sin embargo, en el proyecto se incluía un artículo que otorgaba a la Empresa de Energía de Cundinamarca –EEC la posibilidad de otorgar los máximos subsidios permitidos por la ley, cuyo déficit al realizar el balance con las contribuciones totales, sería cubierto por el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI.  Al ser archivado el proyecto, este artículo particular lo desarrollamos en el proyecto de ley 026/06 Cámara 164/06 Senado “Por la cual se expiden normas sobre normalización de redes eléctricas y de subsidios para estratos 1 y 2” que finalmente fue sancionada como ley 1117 de 2006. Este trabajo legislativo permitió que la EEC aplicara un subsidio del 60% para estrato 1 y del 50% para el estrato 2 en el Departamento, lo que significó a su vez una reducción en las tarifas para estos estratos.

 Este proceso de consenso en el Congreso de la República no ha sido nada fácil, por ello reestructuré el texto y lo presenté nuevamente el 26 de octubre de 2007, esta vez ante el Senado de la República bajo el título “Por medio del cual se establecen medidas para garantizar un esquema tarifario equitativo y neutral y la eficiencia económica en la prestación del servicio público de energía eléctrica” el cual fue remitido a la Comisión V de esta corporación pero una vez más no fue posible la consecución de un apoyo firme y comprometido ante las soluciones contempladas en el proyecto. A partir de este momento he puesto el proyecto a consideración del Legislativo 2 veces más al comienzo de cada legislatura, con la esperanza de obtener una ley que se compadezca con la realidad que el sector energético atraviesa actualmente, especialmente después de la enajenación de varias compañías dedicadas a la distribución y comercialización del servicio, incluida la EEC.

 En este sentido particular, durante la Presidencia del Senado ejercida entre 2007 y 2008, traté incansablemente mediante innumerables audiencias y cartas para que el proceso de privatización fuera aplazado hasta que se cumplieran todas las garantías para los usuarios en cuanto a tarifas y calidad en el servicio, hasta que en febrero de 2009 las presiones fiscales y la necesidad de fuentes nuevas de financiación, confluyeron en la venta final de la Empresa. Una de las comunicaciones más importantes que postergó en su momento la inminente venta, fue una fuerte carta de 8 páginas dirigida al Presidente de la República el 7 de noviembre de 2007, después que se incumplieran y distorsionaran muchos de las obligaciones contraídas por el Gobierno en los Consejos Comunales de Zipaquirá del 12 de noviembre de 2006 y de Girardot el 6 de octubre de 2007, donde participé activamente y logramos avances muy importantes.

 En efecto, en el Consejo Comunitario de noviembre en Zipaquirá, se anunció la eliminación de la diferencia en la tarifa de distribución que en parte se buscaba con el proyecto de ley 25/06 Cámara; en febrero de 2007 se expidió el decreto 388 que estableció las Áreas de Distribución y fijaba la metodología de remuneración a través de cargos por uso de los sistemas de transmisión regional y distribución local en el sistema interconectado nacional, aunque su vigencia solo inició en enero de 2008 junto con el nuevo período tarifario.

 La aplicación de este decreto se vio visiblemente dilatado desde entonces por la CREG acusando tiempos de transición que el artículo 10 de la mencionada regla le otorgaba. Así pues, durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, aprobado mediante ley 1151 de 2007, incluimos en el apartado “Sector Minas y Energía” una facultad para que el Gobierno definiera nuevamente las Áreas Unificadas de Distribución. Para ello, se expidió el decreto 1111 del 10 de abril de 2008 que modificó el 388 de 2007 donde logramos añadir un parágrafo que le exigió un plazo perentorio a la CREG de 30 días para que definiera fechas específicas para la conformación definitiva de estas áreas; de esta forma se eliminó del artículo 10 la posibilidad de aplazamiento del período de transición asignado inicialmente a la Comisión de Regulación.

  Esta reglamentación fue importantísima para reducir la desigualdad en el cargo de distribución entre CODENSA y la EEC, que en el 2006 alcanzó a ser de 91.33 $/kWh ($82.91 y $180.54 respectivamente) lo que indudablemente se reflejó en el cargo unitario cobrado por la EEC, cuando este se redujo en cerca de 19% entre junio y julio de 2008, al pasar de $396.49 a $321.93: una disminución efectiva de 74.56 $/kWh. (Tarifa estándar de estrato 4 sin contribuciones ni subsidios).

 Otras regiones también se han visto beneficiadas por el desarrollo en la implementación de estos decretos, tal como se observó a finales del año pasado, cuando se registró una significativa reducción en las tarifas de departamentos como Arauca y Boyacá, pero alzas en regiones con densidad poblacional más alta como Bogotá, todo con el objetivo de llegar a un mismo costo de distribución y tarifa final en la región central del país de acuerdo con las áreas definidas por el Gobierno.

 No obstante, para el caso Cundinamarca-Bogotá hemos observado con preocupación una tendencia alcista que amenaza con ampliar nuevamente la diferencia en las tarifas (actualmente esta diferencia promedia los 55.16 $/kWh para estrato 4).  A raíz de estas circunstancias, he mantenido una constante interlocución en privado y público con el Señor Presidente de la República para que tome cartas en el asunto y verifique la política pública al respecto y las decisiones administrativas tomadas por la CREG.

 Uno de los antecedentes más importantes al respecto, fue el Consejo Comunal del 25 de abril de 2009 en Facatativá, donde el Dr. Álvaro Uribe Vélez expresó inequívocamente su inconformismo con esta propensión a incrementar los valores cobrados, siempre que significarían un detrimento para la competitividad de la región.

 Por otra parte, le he sugerido en diferentes escenarios, tanto al Presidente de la República como al Ministro de Minas y Energía, al Director Ejecutivo de la CREG y al Gobernador de Cundinamarca, la aplicación del numeral 14 del artículo 73 de la ley 142 de 1994, que faculta a la Comisión de Regulación a fusionar empresas (en este caso EEC y CODENSA) cuando esto signifique la extensión de la cobertura y el abaratamiento de los costos para los usuarios, máxime en estos momentos que la EEC ha sido mayoritariamente adquirida por un consorcio conformado por la Empresa de Energía de Bogotá y CODENSA.

 Es inconcebible pensar que si la Empresa de Energía de Bogotá tiene la posibilidad de aplicar economías de escala en Cundinamarca y Bogotá a través de una sola empresa unificada que hoy en día está dividida entre CODENSA y la EEC (ambas de su propiedad), esto no se haga por efectos contractuales que claramente afectan al usuario final, en detrimento del cliente de la Empresa de Energía de Cundinamarca. Esta lógica obliga a seguir insistiendo en la consecución de vías legales que permitan a la Empresa de Energía de Bogotá para que fusione la composición accionaria de la EEC y CODENSA para que se constituya una sola estructura de costos de atención tanto a clientes de la Capital como del Departamento, lo que a su vez implica una administración más eficiente como región, lo que sin duda redundará en reducciones definitivas para las tarifas de Cundinamarca, igualándolas sin demora a las percibidas en el Distrito.

 Como ya se dijo, esto es supremamente relevante para la estrategia de  competitividad para la región, ya que debemos propender por aprovechar al máximo el potencial del Departamento y oxigenar a Bogotá mediante la desconcentración de los centros industriales y la redistribución del empleo y el ingreso hacia las zonas más pobres y menos desarrolladas.

Necesidades y Ventajas del Proyecto

El Aeropuerto Santiago Vila es un eje estratégico en la competitividad del país. Su desarrollo está identificado con el CONPES 3256 del 15 de diciembre de 2003, el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, el Plan de Desarrollo del Tolima, el Plan de Desarrollo de Flandes 2008 – 2011, el Plan de  Desarrollo de Cundinamarca y otros esquemas de competitividad de la región, incluidos los Planes de Ordenamiento Territorial de Flandes, Girardot y Ricaurte.

En el Plan  de Ordenamiento Territorial de Flandes, aprobado mediante acuerdo 033 de 2002 del Concejo de esta ciudad, se menciona dentro de las “Grandes Líneas Estratégicas” del municipio de la región, refiriéndose al proyecto de la siguiente manera:

“La primera línea estratégica es consecuencia de la posición central de Flandes, pero también de una serie de circunstancias coyunturales que pueden acabar generando diferencias estructurales de primera magnitud, como son la frontera que la separa de Girardot que ha hecho un gran recorrido en el campo del turismo y ha cumplido la función de atracción del habitante de Bogotá.

 La llegada en un futuro de la línea ferroviaria que ligará a Bogotá con Ibagué y con la Dorada camino a la Costa, y la opción más razonable que se abre para el aeropuerto internacional de Flandes, en su vertiente de incrementar sus prestaciones y paralelamente conectar con las nuevas opciones de ferrocarriles y las infraestructuras viarias de todo tipo para garantizar la intermodalidad y que cristalicen en la ciudad las opciones teóricas que todo lo anterior pone sobre la mesa.

 Efectivamente, el aeropuerto, el tren y las sinergias que su confluencia convenientemente aprovechada puede generar, representan abrir Flandes a unos territorios hasta ahora muy alejados en el tiempo y en las oportunidades de relación. Bogotá e Ibagué, en una primera fase, se alcanzan por una vía de doble carril en cuarenta minutos a Ibagué y en hora y cuarto con Bogotá, que es un tiempo que permite que el aeropuerto sea alterno a Bogotá.”

Este análisis resulta fundamental en la atracción de inversión extranjera en la región, siempre que un corredor aéreo de carga ubicado en el centro del país complementará y “oxigenará” el flujo de carga y pasajeros proyectado para Bogotá; este tipo de oportunidades son esenciales para el inversionista que busque alternativas a los centros industriales. De esta manera Flandes no solo busca  inversión turística, sino que quiere adelantar un megaproyecto en logística que permita desarrollar una ambiciosa zona industrial, sacándole el máximo de provecho a su situación geográfica y natural.

Todo este esfuerzo traerá innumerables oportunidades para la región en términos de empleo, mayores ingresos para los  Departamentos de Tolima y Cundinamarca y los Municipios del área de influencia, lo que lleva al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Además la región  cuenta con potenciales identificados en agricultura dada  su diversidad climática y de suelos, haciendo del aeropuerto un peldaño más en la consecución de la seguridad alimentaria de Bogotá y otras áreas que verían optimizadas su distribución.

Por otra parte, los aspectos técnicos respaldan la idea en dos frentes principalmente: uno es la altura sobre el nivel del mar en la que está ubicada la terminal: a sus 285 metros, los aviones pueden utilizar mayor capacidad de carga, ya que a menor altura los aviones requieren menos potencia para poder despegar. Así, mientras en Bogotá una aeronave 737 tiene una capacidad máxima de carga de 14 toneladas, en Flandes esta aumenta a 18 toneladas, lo que significa una utilización del 95% de su capacidad de carga.

En segundo lugar se encuentra su clima y especificaciones atmosféricas: su reducida variabilidad y cielos despejados favorecen la visibilidad durante todo el año, minimizando considerablemente la probabilidad de cierre del aeropuerto.

Características del Proyecto

Actualmente la pista de asfalto cuenta con una longitud de 1.600 mts. de largo por 28 mts. de ancho. Para lograr una pista con los mínimos estándares de competitividad, se implementó un plan maestro con dos etapas, que llevarían el aeropuerto primero a categoría 3C y posteriormente a 4D (actualmente la categoría es 2B). En los siguientes cuadros se resumen los principales resultados finales de cada proyecto.

Ahora bien, estas ampliaciones traen otro tipo de obras e inversiones como la instalación de equipos de rayos X para la revisión de mercancías, ampliación del parqueadero de carga, construcción de hangares y bodegas especializados, entre otras, con lo que se lograría que  el aeropuerto Santiago Vila pueda atender al 8O% del total de aeronaves que operan nacional e internacionalmente actualmente en Colombia (En estos momentos la terminal está en capacidad de recibir al 60%)

El valor total del plan maestro es de 104 mil 667 millones de pesos.  Distribuidos  de la siguiente manera:

Principales desventajas y la necesidad de una licencia ambiental

 Al margen de los innegables beneficios que traería para el desarrollo de la región, han surgido una serie de preocupaciones, especialmente ambientales, ya que los predios del aeropuerto se encuentran en un área rural  dedicada a la agricultura y a zonas turísticas y muy cercano a  fuentes de agua como el río Magdalena y el río Sumapaz.

Los elementos ambientales de mayor impacto (una vez superados los temas de construcción) son los referentes al ruido que se proyectan sobre los puntos de aproximación a las pistas que pueden cubrir  varios kilómetros, sobre los cascos urbanos de los municipios  de  Flandes, Girardot y Ricaurte  que se verán impactados de manera directa por la ubicacion de  las pistas.  Además de la  contaminación auditiva, hay preocupación por  lo concerniente a manejo de residuos y emisión de gases por parte de los aviones y camiones de carga.

Existe la duda, si  se enmarca dentro de la denominación de “Macroproyecto” y si  requiere aprobación por parte del Ministerio del Medio Ambiente (MAVDT) de acuerdo con la ley 388 de 1997 y la ley 99 de 1993[1], por cuanto sus   efectos sobre  el ordenamiento territorial de los  municipios del área de influencia,  superará y sustituirá lo establecido en los  actuales POTs Y EOTs, abarcando dos departamentos, dos corporaciones autónomas,  varios municipios, además de Cormagdalena.

Por ser  un proyecto de gran impacto, requiere de estudios ambientales amplios y de las respectivas licencias, permisos, subdivisión predial, urbanismo y construcción en el municipio donde se implanta (en este caso Flandes – Decreto 564 de 2006) y de la licencia y permisos ambientales de la autoridad ambiental (CORTOLIMA y MAVDT, artículo 52 y 53 de la ley 99 de 1993); así mismo requerirá de los permisos específicos de CORMAGDALENA para los casos de impacto sobre el río Magdalena y de la intervención de  la CAR, en cuanto a su competencia. Adicionalmente, el aeropuerto que actualmente es de uso nacional, eventualmente pasará a ser internacional.

Antes del otorgamiento de la licencia, se debe completar lo previsto en el artículo 56 de la ley 99 de 1993 que establece el deber de redactar el “Diagnóstico Ambiental de Alternativas” en caso de ser necesario bajo los siguientes parámetros:

“ARTÍCULO 56. En los proyectos que requieran Licencia Ambiental, el interesado deberá solicitar en la etapa de factibilidad a la autoridad ambiental competente, que ésta se pronuncie sobre la necesidad de presentar o no un Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Con base en la información suministrada, la autoridad ambiental decidirá sobre la necesidad o no del mismo y definirá sus términos de referencia en un plazo no mayor de 30 días hábiles.

El Diagnóstico Ambiental de Alternativas incluirá información sobre la  localización y características del entorno geográfico, ambiental y social de las alternativas del proyecto, además de un análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas.

Con base en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado, la autoridad elegirá, en un plazo no mayor de 60 días, la alternativa o las alternativas sobre las cuales deberá elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental antes de otorgarse la respectiva licencia.”

Posteriormente, esta misma norma establece el siguiente procedimiento para el otorgamiento de la licencia ambiental:

“ARTÍCULO 58. El interesado en el otorgamiento de una Licencia Ambiental presentará ante la autoridad ambiental competente la solicitud acompañada del Estudio de lmpacto Ambiental correspondiente para su evaluación. La autoridad competente dispondrá de 30 días hábiles para solicitar al interesado información adicional en caso de requerirse. Allegada la información requerida, la autoridad ambiental dispondrá de 15 días adicionales hábiles para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes, que deberán serle remitidos en un plazo no mayor de 60 días hábiles. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones adicionales, la autoridad ambiental decidirá mediante resolución motivada sobre la viabilidad ambiental del proyecto o actividad y otorgará o negará la respectiva licencia ambiental en un término que no podrá exceder de 60 días hábiles.”

Actualmente la Aerocivil está preparando el Estudio de Impacto Ambiental del que habla este artículo para iniciar el trámite, en esto términos (Ley 99 de 1993)

“ARTÍCULO 57. Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario de una Licencia Ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto, y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de la obra o actividad.

La autoridad ambiental competente para otorgar la Licencia Ambiental fijará los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental en un término que no podrá exceder de 60 días hábiles contados a partir de la solicitud por parte del interesado.” 

 

Ante la falta de claridad sobre las medidas de prevención ambiental, en el mes de septiembre de 2009 envié oficio al Ministro de Medio Ambiente alertándolo de la situación.  La  respuesta dada a través de la ViceMinistra de Ambiente, se limitó a definir las competencias de la Corporación Autónoma del Tolima al respecto.

Dado el vacío que existe en la reglamentación en cuanto a la ampliación de aeropuertos,  que podría servir como vía de “escape” a los trámites ambientales, nuevamente me dirigí al Ministerio mediante comunicación de diciembre de 2009, oficio  que no obtuvo una respuesta que se extendiera más allá de lo expresado en primera instancia;  por lo que junto con otros Senadores de la Comisión II del Senado citamos a debate de control político al Ministro de Ambiente, invitando a los directores de las diferentes Corporaciones Autónomas y los Gobernantes locales. Esperamos que la Mesa Directiva asigne fecha para la legislatura que inicia en marzo de 2010.

Conclusiones y Recomendaciones

Los retos de países en desarrollo como Colombia , son cada vez más desafiantes y requieren inversión que atraiga más capital, creación de empresas y redistribución del ingreso: esa ha sido la premisa del Gobierno Uribe, la cual ha sido exitosa si analizamos la cifras que indican el ambiente para crear empresa que actualmente existe en el país [2] , junto con los flujos de inversión extranjera directa. Sin embargo, la crisis económica ha destruido muchos puestos de trabajo exigiendo nuevamente acciones claves y decididas en materia de infraestructura, para que una vez superada la crisis y  restablecidos los flujos de comercio, Colombia pueda proyectarse como un país estratégico en la región.

No obstante, hay un contrapeso en la balanza que no se puede desconocer y es nuestro potencial en biodiversidad y recursos hídricos, los cuales se convierten en factores primordiales para la subsistencia humana en el largo plazo, sobre todo cuando las amenazas climáticas y sus consecuencias son inminentes para países altamente vulnerables como el nuestro.  Es por ello que no nos podemos concentrar en objetivos inmediatos que simplemente satisfagan las oportunidades mercantilistas que el libre comercio y la globalización nos ofrecen; la licencia ambiental y los permisos están actualmente cobrando más importancia que nunca, pues no se trata simplemente de expedir o negar una autorización: en estos tiempos los permisos deben ser rigurosos, con planes de manejo claros y específicos que no den lugar a la interpretación de los interventores y que terminen atropellando los recursos naturales.

El río Magdalena es el corredor fluvial más importante del país y el que resiste los mayores impactos de las actividades humanas  lo largo de su cuenca; es un activo invaluable que no soporta una fuente de contaminación más, sería intolerable tanto para los ecosistemas  que dependen de él,  como para los miles de habitantes y cultivos que se surten de sus aguas.

Los diagnósticos y planes deben ser absolutamente consecuentes con las características geográficas de la zona y la vocación turística derivada de  la oferta ambiental de la región , principal fuente de su economía. Los habitantes del Alto Magdalena en los departamentos de Tolima y Cundinamarca quieren  el aeropuerto de Flandes, su ampliación, su fortalecimiento,  porque saben las oportunidades y alternativas de progreso económico que tarerá para la comunidad, pero exigen  se haga planificadamente, respetando la  riqueza natural, de manera que en el futuro esta zona del país sea ejemplo de crecimiento y desarrollo y no se convierta en un área de exclusivo uso industrial que deteriore la calidad de vida y acabe con el turismo y la agricultura.

[2] Véase por ejemplo los reportes “Doing Business” que en este sentido realiza el Banco Mundial

 Una vez ingresan los rayos solares a la tierra, la atmósfera se encarga de filtrar los más dañinos, luego estos “rebotan” en la superficie hacia el espacio nuevamente, pero la misma atmósfera retiene alrededor del 30% de la radiación, que es la que determina la temperatura en el aire: Esto es lo que llamamos el “efecto invernadero”, el cual siempre ha existido en el planeta y su equilibrio es el que permite la vida, ya que sin este, la superficie terrestre sería un desierto árido como el de Marte, y un exceso en sus consecuencias aniquilaría casi todas las formas de vida animal, vegetal y no permitiría la producción de agua, elemento vital para el desarrollo de ecosistemas, tal como sucede en Venus, cuyas temperaturas superan los 450 grados centígrados y suceden fenómenos climáticos extremos como huracanes permanentes de gran magnitud.

En la tierra el problema surge cuando las actividades humanas emiten en exceso este tipo de gases que retienen una mayor proporción de la radiación solar, alterando la temperatura óptima para los ciclos vitales .  Las emisiones  de CO₂   regularmente  no superaban el rango de 200 a 250 partes por millón (ppm) en la atmósfera, pero en 2005 las concentraciones de CO₂, rondaron las 379 ppm registro que no se había dada en los últimos 650.000 años.

A pesar que Colombia solo emite el 0.37% del total de Gases Efecto Invernadero (GEI) del mundo, hemos experimentado un cambio en la temperatura promedio entre 0.1º y 0.2º centígrados por década desde 1961 y de continuar con las actuales tendencias, para el año 2050, la temperatura del aire se incrementará entre 1ºC y 2ºC comparadas con las experimentadas entre 1960 y 1990.

Asociados a estos cambios el IDEAM ha calculado que la precipitación anual ha oscilado en un rango entre –4 y el +6 % por decenio, generando efectos extremos dependiendo de la región del país: Para 2070 las precipitaciones se reducirán entre un 15% y 30% en la alta Guajira, Cundinamarca, Nariño y Tolima mientras que las lluvias se intensificarán en las regiones  central y  sur. Estas variaciones abruptas en la escorrentía a lo largo del país alteran los ciclos hidrológicos, fenómeno que adicionado al desplazamiento de especies en busca de ambientes más fríos y secos para su supervivencia y la aceleración de la intervención humana en biomas estratégicos, el 56%  de los páramos ( fábricas de agua de las cuales Colombia posee el 40% del total mundial) desaparecerán entre 2030 y 2050.

En cuanto a los glaciares, para 2007 se estimaba un área aproximada total en nevados o glaciares de mas o menos 48 Km², cuando a finales de la década de los 90 esta era de 63.4 Km²  y en 1850  era de 380 Km² (se estima que existían aproximadamente 19 glaciares para la época, frente a los 6 que hay actualmente).  Esto significa un retroceso del 36.9% solamente en 10 años, del 42% en promedio en los últimos 20 años y 88.5% en 157 años, por lo que se prevé que para el año 2021 el Glaciar de la Sierra Nevada del Cocuy desaparezca totalmente y para el 2030 la totalidad de los glaciares lo haga también.

Adicionalmente, a causa del deshielo de los polos y la expansión térmica de los océanos, el nivel del mar ha crecido en 5 mm por año en la costa Pacífica y 3 mm/año en el Caribe; este ascenso ha puesto en riesgo a más del 50% de la población en ambos litorales. Sin embargo, el caso de San Andrés es apremiante ya que se calcula que para 2025 el 17% del archipiélago quedaría sumergido, salinizando sus fuentes de agua e infraestructura de alcantarillado al norte de la isla, comprometiendo el abastecimiento de agua potable.

La conjunción de todos estos factores pone en peligro la disponibilidad per-cápita de agua que está disminuyendo a una tasa de 1.000 m³ por año, lo que ha hecho que la oferta hídrica se redujera de 60.000 m³ por habitante en 1985 a 40.000 m³ en 2006;  Según la Contraloría General de la República, que  en el informe sobre los recursos naturales de 2008 manifestó “que para el año 2016, el 38% de la población de Colombia afrontará una grave crisis por falta de agua, situación que tenderá a empeorar, afectando a un 70% de la misma población para mediados del siglo XXI”,   al mismo tiempo que los caudales de los ríos varían abruptamente provocando emergencias por inundaciones y deslizamientos de tierra, mientras que en otras latitudes las sequías afectan los cultivos y la producción de alimentos, poniendo en grave riesgo la seguridad alimentaria ya suficientemente amenazada por las inequidades en el ingreso, los altos costos de producción  y la deficiente infraestructura vial del país, que hace difícil la comercialización de productos agrícolas.

Así pues queda absolutamente claro cómo Colombia es un país altamente vulnerable al cambio climático, lo que nos ha forzado a tomar medidas de adaptación urgentes y costosas ante la indiferencia de países desarrollados  como  Estados Unidos y China  responsables de cerca del 56% de emisiones mundiales y cuyos compromisos en el marco del protocolo de Kyoto han sido inútiles, siempre que ninguno de los países ha adoptado el tratado de forma vinculante.

Aquí radica la importancia de la posición colombiana en las conferencias internacionales sobre Cambio Climático: son estos escenarios donde, además de exigir un compromiso de los países más ricos, Colombia debe aprovechar la evolución de la comercialización de los Certificados de Emisión provenientes de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) que se ha limitado por nuestra matriz energética limpia  al control de emisiones,  pero donde tenemos enormes potenciales en nuevas formas de certificación como la “deforestación evitada” o no-deforestación, en la que la protección sistemática de la Amazonía y las demás zonas forestales representa una fuente de ingresos invaluable para el subsidio de nuevas tecnologías e investigación en actividades productivas que aprovechen nuestra inmensa biodiversidad, reduciendo de esta manera la presión sobre campesinos que coadyuvan al problema tanto con la emisión mediante la agricultura, como con el uso indiscriminado de la tierra, tal como ocurre actualmente en los páramos. Los países industrializados deben entender que más allá de la necesidad de controlar la emisión de gases, es necesario invertir en los servicios ambientales de ecosistemas no intervenidos,  que haciendo parte de un engranaje  global, protegen la vida y la subsistencia de la tierra.

En Copenhague no se logró el objetivo de replantear y fortalecer el protocolo de Kyoto, sin embargo, la sociedad civil y grupos de países menos desarrollados, han tenido un éxito progresivo en la meta de sentar sus voces de protesta y obligar gradualmente a la concertación y diálogo de los países más contaminantes. No obstante aún no logramos compromisos serios y vinculantes que deriven en eventuales procesos sancionatorios; y a pesar de los avances en cuanto a la protección y pagos por servicios ambientales en la Amazonía, no hemos podido incluir activamente en la agenda internacional los páramos, los cuales, como ya se expuso, son fundamentales para la sobrevivencia de nuestro país, lo que exige posturas cada vez más exigentes en cualquier escenario de negociación futuro.

la Plenaria del Senado aprobó el 15 de diciembre el proyecto de ley 08 de 2008 Senado “por la cual la Nación declara Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación algunos inmuebles del Sanatorio de Agua de Dios en Cundinamarca y del Sanatorio de Contratación en Santander y se dictan otras disposiciones”.

Un proyecto de ley que pretende visibilizar una deuda que el Estado tienen con dos municipios nacidos hace cerca de 140 años como resultado de políticas de aislamiento de los enfermos de lepra que fueron considerados peligrosos para la sociedad y para el prestigio del país.  La falta de conocimiento de la comunidad médica del siglo XIX y las equívocas decisiones políticas de la época en torno a los enfermos de lepra, llevaron a la asignación de territorios exclusivos  para las víctimas de la enfermedad, con infraestructura dedicada a la segregación y al aislamiento de sus familias y de la sociedad en general. Con el paso del tiempo y el avance médico, estas comunidades crecieron y se convirtieron en municipios, dentro de los cuales se mantienen los Sanatorios, Empresas sociales del Estado, adscritos al Ministerio de Protección social, cuyo objetivo sigue siendo la atención de los enfermos de lepra, pero en un ambiente de atención, rehabilitación e integración con la comunidad que habita en ellos.

En la historia de los municipios de Contratación – Santander y Agua de Dios- Cundinamarca se encuentran testimonios desgarradores y vestigios del doloroso proceso que impactaron a tantas familias víctimas de la situación. Los sanatorios cuentan en sus patrimonios con inmuebles, equipos y vivencias que el proyecto pretende recoger, para que convertidos en monumentos sirvan de reivindicación  para sus habitantes y de  reflexión para que en un futuro no se comentan injusticias derivadas desde decisiones públicas.

El proyecto señala una ruta para que la nación, los departamentos, los municipios y los Sanatorios inviertan en la recuperación de la memoria histórica y permita a las comunidades que habitan en Agua de Dios y contratación, tener su propio patrimonio  turístico que los reivindique y acabe con la discriminación que aún subsiste.

Las autoridades y la comunidad de Nemocón – Cundinamarca, han reclamado el derecho a injerir en las políticas turísticas y a percibir las rentas que origina la explotación de la mina de sal, por considerar que es un recurso natural que les pertenece y a tener un trato equitativo al de otras entidades territoriales  que benefician a través de regalías, tasas , tarifas por concesión, expensas por arrendamientos  o cualquier figura similar, por la explotación de sus recurso.

Desde hace 5  años aproximadamente, la Nación a través del IFI ha administrado la mina de Nemocón incluyendo lo referente a lo producido por concepto de turismo de la Concesión Salinas, quien es el contratante que a nombre del Estado ha concesionado el usufructo turístico de la mina de sal.  El proyecto pretende hacer justicia con Nemocón, ya el artículo 103 de la ley 633 de 2000 había decidido entregarle la administración de la rentas derivadas del turismo de la catedral de sal de Zipaquirá al municipio, que ha generado ingresos adicionales, permitiendo la reinversión en el propio sitio turístico, pero que además ha generado pertenencia a su comunidad, pues saben que esa riqueza natural, si bien tiene inversión privada y por ello genera utilidad a los particulares, también da injerencia y participación pública a través del municipio.

En otro esfuerzo plasmado en el artículo 4º de la ley 1283 de 2009, logramos incrementar la participación de las compensaciones monetarias derivadas de  la explotación de sal para  los municipios productores, haciendo un reconocimiento al derecho de usufructo de su riqueza natural a los municipios de Zipaquirá y Nemocón en Cundinamarca.

El texto  radicado inicialmente y las ponencias rendidas para primer y segundo debate están publicadas en las gacetas 571 de 2008, 794 de 2008 y 410 de 2009 respectivamente, y pueden ser consultadas aquí.

Actualmente, está radicado en la Comisión V de la Cámara de Representantes a la espera que la Mesa Directiva nombre los ponentes para iniciar su discusión en esta célula legislativa.