Mar 22

Apague y vámonos

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(Columna publicada originalmente en El Tiempo)

El 12 de noviembre, 6.000 personas marcharon pacíficamente por las calles de Girardot. Protestaban una vez más, como desde hace 12 años, por las altas tarifas de la energía eléctrica en 76 municipios de Cundinamarca y en Flandes (Tolima).

Para resumirlo sencillamente: un kilovatio de energía en Bogotá, en el estrato 6, cuesta 396 pesos, mientras el kilovatio en el sector comercial de cualquiera de los 77 municipios afectados cuesta 76 pesos más. Es decir: una humilde venta de helados de Ricaurte paga cerca de 20 por ciento más por kilovatio de lo que paga un restaurante de la zona G de Bogotá. Y no quiere decir esto que los segundos paguen poco, pero sí que los primeros pagan mucho.

A una panadería de Cáqueza, a una frutería de Fusagasugá o a un restaurante de pescado de Flandes no les quedará más remedio que apagar e irse a engrosar las filas del desempleo y de la creciente bomba social que crece en Cundinamarca, por cuenta de la arbitraria inequidad en las tarifas de servicios públicos.

El tema no es nuevo. Hace más de 15 años, ahogados por las costosas tarifas de energía, pobladores del alto Magdalena se atravesaron en la vía Panamericana para exigir alguna solución.
Lejos de conseguirla, el tema desencadenó uno de los más
grandes retrocesos en la historia de poblaciones como Girardot, que vio cerrar plantas de empresas como Bavaria, Postobón, Progral, Coca-Cola. Según informa la Cámara de Comercio, entre el 2007 y el 2010, se han cerrado 4.833 empresas medianas y pequeñas y 11.932 empleos se han perdido en Girardot y los municipios de su jurisdicción.

De nada valieron los debates en el Congreso, las reuniones en el Ministerio de Minas, los foros en la provincia con asistencia de ministros y viceministros, tres proyectos de ley que buscaban la unificación de tarifas por áreas geográficas, la extensión de subsidios para aplicarlos a los estratos 1, 2 y 3, pues el puntillazo final lo lideró el entonces viceministro de Minas, Manuel Maiguashca, quien, con la promesa de que la unificación de mercados entre Bogotá y Cundinamarca traería la disminución de tarifas para los usuarios de este departamento, logró que la venta de la Empresa de Energía se hiciera directamente, sin licitación (…), a Decsa, en una figura que, para poder ser legal, requería la participación del sector público y, por arte de birlibirloque, se entregaron acciones a la Gobernación y a la Empresa de Energía de Bogotá, y la operación, a Codensa, lo que dejó amarrada, desde la regulación de la Creg, la posibilidad de fusionar las empresas por tres años y burló el compromiso de la rebaja de tarifas.

De esto han pasado un año y ocho meses, en los que los 230.000 usuarios no han visto el beneficio siquiera para los estratos bajos, pues, hasta los habitantes del barrio Las Acacias, que puede ser uno de los sectores más pobres del mundo entero, para vergüenza nacional, pagan 50 pesos más por kilovatio que el más caro de los sectores subsidiados de Bogotá.

Como solución para tamaña injusticia, desde julio del 2009, luego de otra de tantas protestas cívicas, el entonces Ministro de Minas ordenó a la Creg la revisión de la fusión empresarial. Como si se tratara de novela macondiana, a raíz de la última marcha, el actual Ministro de Energía recoge la misma inquietud y sentencia a la Creg, bajo la misma decisión, a dar solución en 60 días.

Amanecerá y veremos, pero mientras esperamos el amanecer, la noche será más oscura, pues, con esas tarifas, ni para prender el bombillo de la esperanza.

COLETILLA. Mientras medio Cundinamarca apaga y se va, Chía, Cajicá, Cota, Funza, Madrid, Mosquera, Gachancipá y otros ocho municipios cercanos a Bogotá pagan las tarifas de acueducto más caras del país.

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