Mar 9

La unificación de tarifas de energía eléctrica en Cundinamarca y Bogotá: La fusión de la EEC y CODENSA

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Las tarifas de energía eléctrica en Cundinamarca y Bogotá ha sido un tema de constante discusión en los últimos años, en especial lo referente a la brecha que existe entre los valores facturados en la capital, comparados con los municipios cundinamarqueses usuarios de la Empresa de Energía de Cundinamarca.

 Siempre he buscado que su estudio ocupe un lugar especial en la agenda política del Congreso de la República desde mi elección como Representante a la Cámara para el período 1998 – 2002; después de un primer llamado al Alcalde de Bogotá y al Gobierno Nacional el 20 de abril de 1999 para que atendiera las protestas de algunos habitantes de Cundinamarca respecto del alza en las tarifas por parte de la Empresa de Energía de Cundinamarca, solicité a la Comisión V de la Cámara de Representantes sesionar en la ciudad de Girardot para que el Ministro de Minas y Energía aclarara a la comunidad las dudas sobre el futuro de la prestación del servicio de energía eléctrica en la región. Durante esta deliberación adelantada el 30 de septiembre de 1999 también participó el Contralor General de la Nación, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y los Gerentes de las electrificadores de Cundinamarca y Tolima.

 Los compromisos y conclusiones fueron el eje de una citación a debate de control político ante el pleno de la Corporación el 14 de junio del año 2000 donde también discutimos la privatización de las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica y su impacto en las tarifas y el servicio; desde allí se inició una campaña para el fortalecimiento de las ligas de consumidores y la reforma a la estructura tarifaria bajo los principios de neutralidad y eficiencia contempladas en las leyes 142 y 143 de 1994.

 Producto de este debate surgieron 2 eventos importantes en el año siguiente: el primero fue una denuncia realizada en la plenaria el 21 de marzo de 2001 donde se integraron las problemáticas de los usuarios del acueducto y alcantarillado y los de energía eléctrica frente a su participación en los comités de desarrollo y control de los servicios públicos domiciliarios; el segundo fue consecuencia de estas declaraciones, cuando el Presidente de la República de entonces, convocó en abril de ese año una reunión coordinada por el Ministerio de Desarrollo Económico con la participación del Ministerio de Minas y Energía y organizaciones representantes de los usuarios, en esta cumbre se revisó la legislación existente y la evolución de las tarifas del servicio.

 El siguiente paso fue una reforma legislativa que garantizara la apropiada competencia de las empresas prestadoras de energía eléctrica, en aras de certificar la eficiencia económica de su labor de comercialización, que se reflejara en una reducción en lo facturado a los usuarios cercanos los grandes centros poblacionales, mediante un cargo único nacional para el componente de distribución de la tarifa: para ello presentamos al inicio de mi período como Senadora, el proyecto de ley 025 de 2006 Cámara, “Por medio de la cual se establecen medidas para evitar la competencia desleal en la distribución y comercialización de energía eléctrica y se definen mecanismos para beneficiar a los usuarios de estratos 1 y 2” el cual desafortunadamente no encontró el espacio político adecuado para ser aprobado en la Comisión VI de la Cámara de Representantes.

 Sin embargo, en el proyecto se incluía un artículo que otorgaba a la Empresa de Energía de Cundinamarca –EEC la posibilidad de otorgar los máximos subsidios permitidos por la ley, cuyo déficit al realizar el balance con las contribuciones totales, sería cubierto por el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI.  Al ser archivado el proyecto, este artículo particular lo desarrollamos en el proyecto de ley 026/06 Cámara 164/06 Senado “Por la cual se expiden normas sobre normalización de redes eléctricas y de subsidios para estratos 1 y 2” que finalmente fue sancionada como ley 1117 de 2006. Este trabajo legislativo permitió que la EEC aplicara un subsidio del 60% para estrato 1 y del 50% para el estrato 2 en el Departamento, lo que significó a su vez una reducción en las tarifas para estos estratos.

 Este proceso de consenso en el Congreso de la República no ha sido nada fácil, por ello reestructuré el texto y lo presenté nuevamente el 26 de octubre de 2007, esta vez ante el Senado de la República bajo el título “Por medio del cual se establecen medidas para garantizar un esquema tarifario equitativo y neutral y la eficiencia económica en la prestación del servicio público de energía eléctrica” el cual fue remitido a la Comisión V de esta corporación pero una vez más no fue posible la consecución de un apoyo firme y comprometido ante las soluciones contempladas en el proyecto. A partir de este momento he puesto el proyecto a consideración del Legislativo 2 veces más al comienzo de cada legislatura, con la esperanza de obtener una ley que se compadezca con la realidad que el sector energético atraviesa actualmente, especialmente después de la enajenación de varias compañías dedicadas a la distribución y comercialización del servicio, incluida la EEC.

 En este sentido particular, durante la Presidencia del Senado ejercida entre 2007 y 2008, traté incansablemente mediante innumerables audiencias y cartas para que el proceso de privatización fuera aplazado hasta que se cumplieran todas las garantías para los usuarios en cuanto a tarifas y calidad en el servicio, hasta que en febrero de 2009 las presiones fiscales y la necesidad de fuentes nuevas de financiación, confluyeron en la venta final de la Empresa. Una de las comunicaciones más importantes que postergó en su momento la inminente venta, fue una fuerte carta de 8 páginas dirigida al Presidente de la República el 7 de noviembre de 2007, después que se incumplieran y distorsionaran muchos de las obligaciones contraídas por el Gobierno en los Consejos Comunales de Zipaquirá del 12 de noviembre de 2006 y de Girardot el 6 de octubre de 2007, donde participé activamente y logramos avances muy importantes.

 En efecto, en el Consejo Comunitario de noviembre en Zipaquirá, se anunció la eliminación de la diferencia en la tarifa de distribución que en parte se buscaba con el proyecto de ley 25/06 Cámara; en febrero de 2007 se expidió el decreto 388 que estableció las Áreas de Distribución y fijaba la metodología de remuneración a través de cargos por uso de los sistemas de transmisión regional y distribución local en el sistema interconectado nacional, aunque su vigencia solo inició en enero de 2008 junto con el nuevo período tarifario.

 La aplicación de este decreto se vio visiblemente dilatado desde entonces por la CREG acusando tiempos de transición que el artículo 10 de la mencionada regla le otorgaba. Así pues, durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, aprobado mediante ley 1151 de 2007, incluimos en el apartado “Sector Minas y Energía” una facultad para que el Gobierno definiera nuevamente las Áreas Unificadas de Distribución. Para ello, se expidió el decreto 1111 del 10 de abril de 2008 que modificó el 388 de 2007 donde logramos añadir un parágrafo que le exigió un plazo perentorio a la CREG de 30 días para que definiera fechas específicas para la conformación definitiva de estas áreas; de esta forma se eliminó del artículo 10 la posibilidad de aplazamiento del período de transición asignado inicialmente a la Comisión de Regulación.

  Esta reglamentación fue importantísima para reducir la desigualdad en el cargo de distribución entre CODENSA y la EEC, que en el 2006 alcanzó a ser de 91.33 $/kWh ($82.91 y $180.54 respectivamente) lo que indudablemente se reflejó en el cargo unitario cobrado por la EEC, cuando este se redujo en cerca de 19% entre junio y julio de 2008, al pasar de $396.49 a $321.93: una disminución efectiva de 74.56 $/kWh. (Tarifa estándar de estrato 4 sin contribuciones ni subsidios).

 Otras regiones también se han visto beneficiadas por el desarrollo en la implementación de estos decretos, tal como se observó a finales del año pasado, cuando se registró una significativa reducción en las tarifas de departamentos como Arauca y Boyacá, pero alzas en regiones con densidad poblacional más alta como Bogotá, todo con el objetivo de llegar a un mismo costo de distribución y tarifa final en la región central del país de acuerdo con las áreas definidas por el Gobierno.

 No obstante, para el caso Cundinamarca-Bogotá hemos observado con preocupación una tendencia alcista que amenaza con ampliar nuevamente la diferencia en las tarifas (actualmente esta diferencia promedia los 55.16 $/kWh para estrato 4).  A raíz de estas circunstancias, he mantenido una constante interlocución en privado y público con el Señor Presidente de la República para que tome cartas en el asunto y verifique la política pública al respecto y las decisiones administrativas tomadas por la CREG.

 Uno de los antecedentes más importantes al respecto, fue el Consejo Comunal del 25 de abril de 2009 en Facatativá, donde el Dr. Álvaro Uribe Vélez expresó inequívocamente su inconformismo con esta propensión a incrementar los valores cobrados, siempre que significarían un detrimento para la competitividad de la región.

 Por otra parte, le he sugerido en diferentes escenarios, tanto al Presidente de la República como al Ministro de Minas y Energía, al Director Ejecutivo de la CREG y al Gobernador de Cundinamarca, la aplicación del numeral 14 del artículo 73 de la ley 142 de 1994, que faculta a la Comisión de Regulación a fusionar empresas (en este caso EEC y CODENSA) cuando esto signifique la extensión de la cobertura y el abaratamiento de los costos para los usuarios, máxime en estos momentos que la EEC ha sido mayoritariamente adquirida por un consorcio conformado por la Empresa de Energía de Bogotá y CODENSA.

 Es inconcebible pensar que si la Empresa de Energía de Bogotá tiene la posibilidad de aplicar economías de escala en Cundinamarca y Bogotá a través de una sola empresa unificada que hoy en día está dividida entre CODENSA y la EEC (ambas de su propiedad), esto no se haga por efectos contractuales que claramente afectan al usuario final, en detrimento del cliente de la Empresa de Energía de Cundinamarca. Esta lógica obliga a seguir insistiendo en la consecución de vías legales que permitan a la Empresa de Energía de Bogotá para que fusione la composición accionaria de la EEC y CODENSA para que se constituya una sola estructura de costos de atención tanto a clientes de la Capital como del Departamento, lo que a su vez implica una administración más eficiente como región, lo que sin duda redundará en reducciones definitivas para las tarifas de Cundinamarca, igualándolas sin demora a las percibidas en el Distrito.

 Como ya se dijo, esto es supremamente relevante para la estrategia de  competitividad para la región, ya que debemos propender por aprovechar al máximo el potencial del Departamento y oxigenar a Bogotá mediante la desconcentración de los centros industriales y la redistribución del empleo y el ingreso hacia las zonas más pobres y menos desarrolladas.

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